Un okupa llamado Felipe de Borbón, con perdon de los okupas

Un okupa llamado Felipe de Borbón, con perdón de los okupas.


El artículo 47 de nuestra Constitución, que cada día es agredida soterradamente con leyes pactadas entre cúpulas de partidos para ilegalizar la protesta, dice que "todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada". Y además, por si fuera poco, el texto primordial añade que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las norma pertinentes para hacer efectivo este derecho". ¡Mentira y grande!.

No sólo los españoles, como bien indican las encuestas públicas y privadas, son los ciudadanos europeos que más dinero gastan en pagarse un techo. España, paraíso de la especulación inmobiliaria, es uno de las naciones donde más ha subido el precio de los pisos en los últimos años. Por eso la adquisición de una vivienda para una familia normal, en cuanto a renta, estatus e integrantes, se ha convertido en una utopía en el marco de una vida laboral media .

Lo que ocurre es que en esta sociedad del espectáculo y de la democracia formal antes que real son muchos los llamados pero pocos los elegidos. Los de siempre. De ahí que mientras gran parte de la población se las ve y se las desea para acceder a un modesto piso, se produzcan hechos tan bochornosos (por la cutre y chafardiano de su ejecución) como la construcción a costa del dinero de todos los contribuyentes de faraónicas mansiones para autoridades del Estado. El caso de la "casita del Príncipe" es, junto con la afortunada "barquita" de su papá, uno de esos sucesos que conmueven las tripas.

A cargo de los Presupuestos Generales del Estado (para eso sí somos nosotros, los paganinis, Estado), Felipe de Borbón va a estrenar una casa de 4 plantas, 11 dormitorios -el principal de 110 metros-, 9 baños, 6 aseos y 20 plazas de garaje. Total 3.150 metros cuadrados y más de 4 millones de euros de valor. Se trata de un elocuente y exótico ejercicio del precepto constitucional que establece el citado artículo 47 de la Carta Magna.

En un país donde el Gobierno del PP proyecto una nueva incautación de los derechos sociales conquistados por los trabajadores a lo largo de generaciones, achicando hasta umbrales de miseria el desempleo y la jubilación, lo de la "casita del Príncipe" es algo más que un detalle de mal gusto. Y en un país también donde buena parte de su clase política se quiere perpetuar en el latrocinio aprobándose leyes de retiro máximo con trienios mínimos, el escándalo roza lo tolerable y ofende a la inteligencia.